El legislador potosino aseguró que la nueva norma afectará duramente a los departamentos productores y no generará las condiciones para mejorar el sector de la minería en el país.
El senador potosino Eduardo Maldonado (MAS) calificó a la nueva Ley de Minería y Metalurgia como "antinacional, entreguista y antipotosina" por una serie de disposiciones que contiene en contra no sólo del departamento de Potosí, sino también del ser humano.
Ayer lunes, la Cámara de Diputados sancionó la ley por la cual se establece, entre otras disposiciones, la obligatoriedad de que los contratos mineros sean aprobados por la Asamblea Legislativa, la negativa de que mineros cooperativistas firmen contratos de asociación con empresas privadas y demás artículos enmarcados en regular las actividades mineras y metalúrgicas.
"Esta es una ley que yo no dudo en calificarla como antinacional, entreguista (y) antipotosina (…). Esta ley va a traer mayores problemas al país y no va a generar las condiciones de garantía tanto pública como privada que signifiquen desarrollar el sector minero del país", señaló el senador disidente del MAS a la Red ACLO. Acotó que "no se corre ni se calla" cuando se trata de defender los intereses de Potosí.
Para sustentar sus calificativos en contra de esta ley, el senador expuso un total de seis aspectos que hacen a la norma atentatoria contra los intereses del departamento de Potosí y del ser humano.
Una de ellas se trata de la escala de las regalías mineras, la que, según explicó, esta ley ha "congelado", por lo que se mantiene la establecida en el Código Minero que se aprobó en 1997, en la presidencia de Gonzalo Sánchez de Lozada.
Su segunda observación es la "ventaja" que se les da a las empresas que participan en la cadena productiva minera -desde la explotación hasta la comercialización- de que "sólo paguen el 60% de la regalía minera", lo que incidirá "directamente" a los ingresos por regalías para Potosí y sus municipios.
Su segunda observación es la "ventaja" que se les da a las empresas que participan en la cadena productiva minera -desde la explotación hasta la comercialización- de que "sólo paguen el 60% de la regalía minera", lo que incidirá "directamente" a los ingresos por regalías para Potosí y sus municipios.
El tercer punto tiene que ver con la "prohibición" de que el departamento de Potosí pueda participar de la empresa estratégica de Litio. En cuarto lugar está la sede de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), la cual, a su criterio, debería estar en Potosí u Oruro por ser regiones productoras, por lo que lamentó que la ley no haya abordado ello.
Su quinta observación tiene que ver con que la nueva normativa no definió porcentajes de pago por el uso del agua de parte de las cooperativas mineras y por último lamentó que esta ley siga promoviendo la explotación del hombre por el hombre.
"Lamentablemente la minería sigue siendo la explotación del hombre por el hombre, sigue siendo sudor y sangre para el enriquecimiento de unos cuantos. En las minas del Cerro de Potosí semanalmente, y temo quedarme corto en las cifras, deben morir dos compatriotas nuestros y otros deben quedar con grados de discapacidad", sostuvo.
Tras su sanción por parte del Legislativo, la nueva Ley Minera pasó al Órgano Ejecutivo para su promulgación.
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