Desde 2006, de 400 denuncias contra hechos de corrupción poco más de 100 tienen sentencia. Además, muchas veces los denunciantes son procesados.
La ministra de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, Nardi Suxo, informó ayer que de 400 casos de corrupción, el 70% no tiene sentencia desde 2006. Asimismo, denunció la existencia de un consorcio de juristas que sólo se dedica a defender estos casos en distintos departamentos.
"Pedirles a los jueces, fiscales y a todos los operadores de justicia un compromiso más firme en la lucha contra la corrupción”, dijo la ministra, debido a que apenas hay poco más de 100 sentencias de 400 casos.
Suxo recordó que dentro del plan de acción del Ministerio de Transparencia se pretende que la recuperación de bienes sea efectiva y que los casos denunciados en 2006 y en 2007 cuenten con sentencia.
También mencionó la persecución a periodistas por denunciar este tipo de casos y aseguró que se hará respetar la Ley de Protección de Denunciantes y Testigos "porque tiene primacía sobre cualquier ley”.
La autoridad reconoció que existen consorcios especializados en la defensa de los hechos de corrupción. "Es una asociación incluso entre fiscales, jueces y abogados, eso es poner en duda la seguridad jurídica del Estado boliviano”.
Explicó también que muchas veces los denunciantes son procesados y amenazados por jueces, fiscales y abogados, como lo ocurrido en El Alto, cuando se denunció a la fiscal Lilian Villalta, quien trabaja en casos de corrupción y también se vio involucrada.
La preocupación de Suxo se extiende a la retardación de justicia, porque pese a la existencia de pruebas desde hace más de cuatro o cinco años, los procesos no avanzan y se desconoce la situación jurídica de los denunciados.
De acuerdo con la autoridad, los fiscales no están cumpliendo las leyes, toda vez que cuando uno presenta una denuncia lo primero que hace es pedir la anotación preventiva de los bienes o la incautación, cuando es el caso de la hipoteca.
Pero los denunciados en muchos casos hacen la transferencia de sus bienes hacia otras personas, lo que genera un daño económico al Estado. "Resulta que los fiscales no lo están realizando, eso por supuesto también deja en total indefensión al Estado que, por supuesto, sufre un daño económico muy grande”.
Son éstas las cuestiones que se debatieron en el tercer Consejo Nacional de Lucha contra la Corrupción que se realizó ayer en la Contraloría General del Estado y que contó con la participación de la presidenta del Consejo de la Magistratura, Cristina Mamani; el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Jorge von Borries; el fiscal general Ramiro Guerrero; además de la Procuraduría del Estado y el Ministerio de Gobierno.
- Fuente: EjuTv
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